En octubre de 2009, la empresa de seguridad de Miguel Ángel Ramírez Alonso detectó estas irregularidades y abrió una investigación interna, al constatar que desde el propio Cabildo, los responsables del servicio de vigilancia y seguridad privada, Adrián del Pino Sánchez y Carlos Gutiérrez Cárdenas, emitieron y notificaron a la empresa varios oficios contradictorios sobre los servicios prestados.
La trama descubierta por Seguridad Integral provocó el despido por causa disciplinaria del coordinador de servicios y otros cinco vigilantes jurados. Tres de ellos admitieron haber cometido esas “faltas muy graves” por órdenes del coordinador, García Martín -ahora delegado de la nueva empresa adjudicatoria de la seguridad del Cabildo, Serramar- y repartirse el dinero de las horas extras -entre 1.000 y 1.500 euros mensuales al menos entre enero y octubre septiembre de 2009- con su superior.
Sólo el coordinador de servicios y el vigilante González Melián negaron los hechos e interpusieron sendas demandas por despido improcedente y en ambos casos presentaron ante el Juzgado como testigo al Jefe de Servicio de Régimen Interior del Cabildo, responsable del reciente informe de adjudicación a Serramar de la seguridad de la Corporación, en detrimento de Seguridad Integral.
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