Un grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que sigue de cerca la actividad de mercenarios en todo el mundo busca frenar los propagadas violaciones a los derechos humanos cometidas por personal de seguridad privada en zonas de conflicto.
Un borrador de la Convención Internacional sobre Regulación, Vigilancia y Supervisión de las Compañías Privadas y Militares de Seguridad, que será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, ya fue discutido por más de 150 académicos y representantes de organizaciones no gubernamentales.
El texto, que detalla medidas judiciales y legislativas para castigar a las empresas que cometan ese tipo de delitos, también fue entregado a los estados miembros del foro mundial para recabar comentarios.Si el tratado es finalmente aprobado por la Asamblea General de la ONU, quizás el año próximo, los 192 estados miembro deberán acatarlo.
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