Anna Medina, la portavoz de la patronal de empresas de seguridad privada Acaes, destaca esta "popularización" de unos sistemasque "hasta hace poco eran exclusivos de entornos muy restringidos porsus aplicaciones específicas o su elevado coste". Además, indica que seha "normalizado" su uso en comercios, aparcamientos, empresas, escuelaso comunidades de vecinos "que cada vez más los escogen para protegersecontra actos delictivos" porque filman delitos o hacen una función disuasoria.
En Cataluña hay un decreto de 1999 que regula la obtención de imágenespor este sistema por organismos públicos y que es un desarrollo de laLey de 1997. La normativa también creó una Comisión de Videovigilanciacon representantes de diversas administraciones y presidida por elTribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). La presidenta delTSJC, Maria Eugenia Alegret, destaca que la Comisión sólo puede autorizar la videovigilancia pública,o la que realizan empresas privadas para los organismos públicos, yestablece un fuerte control para permitir la presencia de cámaras enedificios y lugares públicos, los que piden las administraciones, asícomo las renovaciones periódicas de estos permisos. Alegret explica quese evalúa "caso por caso" para saber si las cámaras solicitadas no vulneran ningún derecho fundamentalcomo la intimidad, si cumplen el objetivo de seguridad por el cual sepiden y, sobre todo, qué se hace después con las imágenes captadas.
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