La seguridad es fundamental para los ciudadanos y si la protección pública no es suficiente la mayoría tiene claro que no le importaría estar más seguros con el apoyo de las empresas de seguridad privada. La ley limita las competencias a este sector pero también se le reconoce como un complemento a la seguridad pública y un estudio de opinión encargado por la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser) -que agrupa a trece empresas que acaparan casi un 80 por ciento de la facturación total del sector- pone en evidencia que los ciudadanos respaldan las demandas de la patronal. Así, el estudio, de ámbito nacional y por comunidades autónomas, señala que el 98,6% de los encuestados considera positivo que los vigilantes de seguridad estén en las calles para disuadir a posibles delincuentes y tengan competencias para retenerlos hasta la llegada de la Policía. Igualmente es mayoritaria -un 96,5%- la opinión ciudadana de que en caso de agresiones puedan intervenir inmovilizando al agresor. Donde hay un poco de discrepancia de los encuestados -un 79,5% a favor frente a un 17% en contra- es con la posibilidad de que los vigilantes puedan pedir documentación a sospechosos.
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