Ginebra, 30 abril (EFE).- El Grupo de Trabajo de Naciones Unidassobre los Mercenarios hizo hoy un llamamiento a la comunidadinternacional para que apoye la creación de una Convención queregule las actividades de las compañías de seguridad y los ejércitosprivados.
"Ya es hora de cerrar el agujero legal que existe en torno a lascompañías de seguridad privadas. Se deben establecer mínimosestándares internacionales que regulen las actividades de estascompañías tan especiales", señaló el presidente del grupo, elespañol José Luis Gómez del Prado.
El objetivo del grupo, formado por cinco personas, es lograr uninstrumento legalmente vinculante que regule la relación de losEstados con las empresas de seguridad privada.
"Dado el carácter de esta nueva industria y su impacto en losderechos humanos, las actividades de las compañías privadas deseguridad no deben considerarse bajo la perspectiva de una relacióncomercial normal, sino como un intercambio muy peligroso querequiere mecanismos de control mucho más duros", agregó Gómez delPrado.
El grupo fue creado en 2005 y, desde entonces, investiga ycontrola el impacto en los derechos humanos de las poblaciones dondeactúan las empresas de seguridad privada.
"Uno de los problemas es que los empleados de estas compañías nopueden ser considerados como mercenarios y, por tanto, susactividades no están cubiertas por las Convenciones de Ginebra o laConvención Internacional contra la contratación, el uso, lafinanciación y el entrenamiento de mercenarios", añadió elpresidente del grupo, quien recordó el vacío legal existente.
Por ello, el grupo ha dirigido una carta a todos los Estadosmiembros de la ONU en la que solicita la creación de una convencióninternacional que regule las actividades de estas compañías y sirvacomo marco legislativo para encuadrar el trabajo de este tipo deempleados extranjeros en terceros países.
Por otra parte, Gómez del Prado hizo un llamamiento para evitarque esta clase de actividades se expanda.
"Determinados tipos de trabajos que son inherentes al Estado,particularmente la seguridad militar, no deberían ser 'tercerizados'porque están afectando a la soberanía de los Estados y horadando elrol del Estado como ostentador del monopolio del legítimo uso de lafuerza", indicó. EFE
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