Los que no parecen mutar ni a zapatazos son los famosos Vigilantes Jurados, ahora conocidos bajo la denominación algo más fina de Vigilante de Seguridad o por decirlo coloquialmente, "Seguratas". Los "Seguratas" son desde un punto de vista formal, fuerzas auxiliares de apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, aunque en otros tiempos eran más temidos todavía que los cuerpos de policías. Pero a diferencia de lo que ocurre con estos ( cuyos miembros han elevado su nivel formativo y cultural, se han diversificado social e ideólógicamente e incluso demuestran cierta sensibilidad ante temas como por ejemplo la violencia de género o la propia homofobia) , el Segurata siguen en su caverna.
Los agentes de seguridad privada carecen de un estatuto y perfil profesional bien definido. Lo que hace que tampoco se diseñen políticas de formación en dirección de este colectivo, al no quedar claras sus dimensiones funcionales y ámbito competencial. A lo que hay que añadir unas condiciones salariales y laborales penosas y desmotivantes que acaban de producir procesos de desprofesionalización. El todo lo corona la ausencia de un estatuto jurídico claro que delimite su autoridad y por consecuente, asegure el reconocimiento social correspondiente. El clásico Vigilante Jurado ha de hecho prácticamente desaparecido del ordenamiento legislativo, viéndose sustituído por una ambigua figura del ya mencionado Vigilante de Seguridad, más vaciada desde un punto de vista funcional e incluso con un estatuto que se ha ido poco a poco degradando, sobre todo bajo la presión de la patronal del sector, interesada en crear las condiciones idóneas para rebajar las pretensiones salariales de los profesionales. En esas condiciones no es extraño que el orden simbólico que dicta la "norma de género" y más en concreto, los rituales alrededor de la masculinidad, hayan funcionado como palanca compensatoria ante la ausencia de un estatuto profesional y funcional socialmente reconocido y legitimado. Situación diametralmente opuesta a la experimentada por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, donde el proceso de profesionalización y la clara definición estatutaria y social han contribuido a rebajar el peso de los ordenes simbólicos. Cuerpos como los Mossos d'Escuadra o la Policía Local han conocido de hecho experiencias democratizadoras y en la que los valores de igualdad y mixticidad han ido tomando la delantera.
Mucho se ha debatido sobre la brutalidad de los famosos V.S y no pocos son los vídeos ( en especial en los transportes públicos) que aparecen colgados en Internet como ejemplo de ello. Lo que está claro es que la ausencia de un estatuto jurídico de contornos bien trazados e institucionalizados, hace que estos "policías simbólicos" no encuentren otro punto de referencia identitario, profesionalmente hablando, que el de su propia masculinidad y fuerza física.No tenerle miedo a ningúna intervención, incluso temeraria, es el consenso básico al que hay que adherir para ser aceptado en el grupo. En la seguridad privada el "respeto" se gana según sea la capacidad de "apoyar al compañero" en cualquier situación, aunque acaben los dos en un tanatorio. El "buen compañero" ( según el código de la seguridad privada), no es el que hace sindicalmente piña contra unos horarios de servicio abusivos, el que reivindica una subida salarial, una mejora de los pluses o un convenio colectivo que eleve el precio de las horas extraordinarias, sino el que está dispuesto a dejarse "partir la cara" para defender el honor viril de su compañero. El rol social del Vigilante de Seguridad es equivalente al del forzudo obrero de la construcción, que circunscribe su identidad y orgullo profesional a su virilidad, muy en línea de los valores culturales de las clases populares o de los sectores sociales más periféricos. De la misma manera que cualquier obrero de la construcción que se aprecie y pretende ser apreciado por sus compañeros ha de superar el reto de subirse a un andamio sin protección, el Vigilante de Seguridad ha de aceptar el cuerpo a cuerpo con terceros, aunque estos sean media docena. Las empresas de seguridad privada, que han venido proliferando como hormigas desde los últimos años, son un producto del proceso del desmantelamiento del Estado y de las restricciones de las partidas presupuestarias destinadas a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que ha hecho que la protección civil de los ciudadanos pasen al mercado. O sea, que se convierta en la fuente de negocio y enriquecimiento de unos cuantos.
Resulta que los Departamentos de Seguridad de las empresas públicas desembolsan a las compañías privadas de seguridad que prestan servicio en sus instalaciones una coquetona cantidad de dinero que no le vendría mal a la Consejeria d'Educació y a la maltrecha escuela pública : en el caso de las empresas dedicadas al transporte público, 8 millones de euros anuales. La cuestión no está en que las instituciones y las empresas públicas se aseguren su protección y la de su personal por la vía de compañias privadas. La piedra de escándalo es que ese dinero sea desembolsado sin que se le exija a las empresas de seguridad privada un mínimo código deontólogico. Acaso habría que recordar, a ese respecto, que el Departamento de Derechos Civiles y la Oficina Municipal contra las Discriminaciones del Ayuntamiento de Barcelona acumulan una montaña de quejas contra este colectivo : abusos de poder con violencia física , comportamientos racistas y xenofóbos, y cómo no, actitudes homofóbas. Ya no al encuentro de los usuarios, sino en el propio ámbito laboral. O sea, contra aquellos otros Vigilantes de Seguridad que rompen los consensos, tanto respecto al orden simbólico que circunscribe la masculinidad, como en relación al Contrato Social de la heterosexualidad obligatoria. ¿Cómo puede los Departamentos de Seguridad y Protección de las empresas e instituciones públicas permanecer inmune ante estos hechos ?
De lo que obviamente se benefician las empresas de seguridad privada, que no se sienten obligadas a nada, a no ser a remitir unas facturas por sus servicios que son auténticos atracos a mano armada.
Reflexion de un Colaborador.
Los agentes de seguridad privada carecen de un estatuto y perfil profesional bien definido. Lo que hace que tampoco se diseñen políticas de formación en dirección de este colectivo, al no quedar claras sus dimensiones funcionales y ámbito competencial. A lo que hay que añadir unas condiciones salariales y laborales penosas y desmotivantes que acaban de producir procesos de desprofesionalización. El todo lo corona la ausencia de un estatuto jurídico claro que delimite su autoridad y por consecuente, asegure el reconocimiento social correspondiente. El clásico Vigilante Jurado ha de hecho prácticamente desaparecido del ordenamiento legislativo, viéndose sustituído por una ambigua figura del ya mencionado Vigilante de Seguridad, más vaciada desde un punto de vista funcional e incluso con un estatuto que se ha ido poco a poco degradando, sobre todo bajo la presión de la patronal del sector, interesada en crear las condiciones idóneas para rebajar las pretensiones salariales de los profesionales. En esas condiciones no es extraño que el orden simbólico que dicta la "norma de género" y más en concreto, los rituales alrededor de la masculinidad, hayan funcionado como palanca compensatoria ante la ausencia de un estatuto profesional y funcional socialmente reconocido y legitimado. Situación diametralmente opuesta a la experimentada por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, donde el proceso de profesionalización y la clara definición estatutaria y social han contribuido a rebajar el peso de los ordenes simbólicos. Cuerpos como los Mossos d'Escuadra o la Policía Local han conocido de hecho experiencias democratizadoras y en la que los valores de igualdad y mixticidad han ido tomando la delantera.
Mucho se ha debatido sobre la brutalidad de los famosos V.S y no pocos son los vídeos ( en especial en los transportes públicos) que aparecen colgados en Internet como ejemplo de ello. Lo que está claro es que la ausencia de un estatuto jurídico de contornos bien trazados e institucionalizados, hace que estos "policías simbólicos" no encuentren otro punto de referencia identitario, profesionalmente hablando, que el de su propia masculinidad y fuerza física.No tenerle miedo a ningúna intervención, incluso temeraria, es el consenso básico al que hay que adherir para ser aceptado en el grupo. En la seguridad privada el "respeto" se gana según sea la capacidad de "apoyar al compañero" en cualquier situación, aunque acaben los dos en un tanatorio. El "buen compañero" ( según el código de la seguridad privada), no es el que hace sindicalmente piña contra unos horarios de servicio abusivos, el que reivindica una subida salarial, una mejora de los pluses o un convenio colectivo que eleve el precio de las horas extraordinarias, sino el que está dispuesto a dejarse "partir la cara" para defender el honor viril de su compañero. El rol social del Vigilante de Seguridad es equivalente al del forzudo obrero de la construcción, que circunscribe su identidad y orgullo profesional a su virilidad, muy en línea de los valores culturales de las clases populares o de los sectores sociales más periféricos. De la misma manera que cualquier obrero de la construcción que se aprecie y pretende ser apreciado por sus compañeros ha de superar el reto de subirse a un andamio sin protección, el Vigilante de Seguridad ha de aceptar el cuerpo a cuerpo con terceros, aunque estos sean media docena. Las empresas de seguridad privada, que han venido proliferando como hormigas desde los últimos años, son un producto del proceso del desmantelamiento del Estado y de las restricciones de las partidas presupuestarias destinadas a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que ha hecho que la protección civil de los ciudadanos pasen al mercado. O sea, que se convierta en la fuente de negocio y enriquecimiento de unos cuantos.
Resulta que los Departamentos de Seguridad de las empresas públicas desembolsan a las compañías privadas de seguridad que prestan servicio en sus instalaciones una coquetona cantidad de dinero que no le vendría mal a la Consejeria d'Educació y a la maltrecha escuela pública : en el caso de las empresas dedicadas al transporte público, 8 millones de euros anuales. La cuestión no está en que las instituciones y las empresas públicas se aseguren su protección y la de su personal por la vía de compañias privadas. La piedra de escándalo es que ese dinero sea desembolsado sin que se le exija a las empresas de seguridad privada un mínimo código deontólogico. Acaso habría que recordar, a ese respecto, que el Departamento de Derechos Civiles y la Oficina Municipal contra las Discriminaciones del Ayuntamiento de Barcelona acumulan una montaña de quejas contra este colectivo : abusos de poder con violencia física , comportamientos racistas y xenofóbos, y cómo no, actitudes homofóbas. Ya no al encuentro de los usuarios, sino en el propio ámbito laboral. O sea, contra aquellos otros Vigilantes de Seguridad que rompen los consensos, tanto respecto al orden simbólico que circunscribe la masculinidad, como en relación al Contrato Social de la heterosexualidad obligatoria. ¿Cómo puede los Departamentos de Seguridad y Protección de las empresas e instituciones públicas permanecer inmune ante estos hechos ?
De lo que obviamente se benefician las empresas de seguridad privada, que no se sienten obligadas a nada, a no ser a remitir unas facturas por sus servicios que son auténticos atracos a mano armada.
Reflexion de un Colaborador.
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